Diversas asociaciones y colegios de abogados litigantes hicieron un posicionamiento acerca de lo que consideraron serán efectos negativos que se presentarán en caso de que se apruebe la Reforma al Poder Judicial
En rueda de prensa, indicaron que hacen un llamado a la Jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que haga evidentes los riesgos que significa para el estado mexicano la adopción de las reformas al Poder Judicial que se encuentran en discusión en el Congreso de la Unión.
Participe y socialice con los integrantes del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la solicitud que ya expresaron los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a fin suspender temporalmente el proceso legislativo de reforma judicial en curso, o bien, cuando llegado el caso se trate de su implementación.
Y también tenga presente el llamado y lo participe con los diferentes órganos internacionales de protección a fin de vigilar o juzgar que el estado mexicano haya hecho en verdad un debate profundo, participativo, de buena fe, informado, significativo y transparente respecto a la “reforma judicial”, o en su defecto, llegado el momento procesal, se adopten las medidas urgentes que correspondan, a fin de frenar la escalada de violaciones de los derechos humanos que la reforma judicial traerá consigo en detrimento del pueblo de México.
En ese sentido, expresaron que la reforma provocará el quebrantamiento inmediato del principio de división de poderes en detrimento de los derechos de la población.
Indicaron que la “reforma judicial” es un proyecto de modificación constitucional que tiene por objeto que las personas juzgadoras sean elegidas por voto popular. Por lo que plantea la renovación total del poder judicial en México, a través de la destitución y sustitución masiva de quienes actualmente ejercen la función judicial, bajo períodos electivos que deberán culminar en 2027.
Además, de establecer un tribunal de disciplina judicial que sancione a quienes adopten decisiones en contra del interés público o social en general.
“Nuestra participación no guarda más interés que señalar cómo esta reforma constitucional provocará una desafortunada politización del poder judicial en menoscabo de la garantía de independencia judicial y de la protección de derechos humanos del pueblo de México”, indicaron.
Señalaron que tienen la experiencia y prospectiva para señalar que hay deficiencias en el poder judicial, por lo que no defienden los intereses de ese poder.
“Nos convoca un espíritu de respeto al estado constitucional, donde a través de procesos legislativos plurales y adecuados, se realicen las reformas que corrijan las falencias del poder judicial, por el bien de la sociedad, pero ello no se logra a través de la “reforma judicial””.
En ese sentido, indicaron que los jueces, a diferencia de los órganos del poder legislativo y del ejecutivo, no deben responder a mayorías ni minorías.
Dijeron que la “reforma judicial” tendrá tal impacto que abarcará a todo el país, lo que repercutirá en la destitución y sustitución masiva de personas juzgadoras en las jurisdicciones federal y local (más de 127,000 personas) y que también afectará a cientos de miles de trabajadores (personal judicial y administrativo)
Sin embargo, expusieron que principios juridicos señalan que los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones; y que todo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, la suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con las normas establecidas de comportamiento judicial.
El posicionamiento fue hecho por El Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, A.C., la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Capítulo Querétaro y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, Querétaro, A.C.