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domingo, 1 diciembre, 2024
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Magistrados y jueces expresan su rechazo a reforma al Poder Judicial 

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Integrantes del Poder Judicial de la Federación expresaron su rechazo a la iniciativa de Reforma al Poder Judicial que se impulsa a nivel nacional, porque consideran que pretende desaparecer la independencia y desmantelar al Poder Judicial del país.

En las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Querétaro, la directora regional en Querétaro de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), Gricelda Sáenz Horta, refirió que es generalizada la indignación y descontento de las y los integrantes del Poder Judicial con la iniciativa de reforma y destacó que mantendrán la defensa de este poder.

En su mensaje, refirió que están en desacuerdo con la reforma constitucional que dijo es detractora al Poder Judicial de la Federación.

Ante personal del Poder Judicial de la Federación en el estado, afirmó que los diálogos para analizar la iniciativa de reforma son una estrategia dilatoria, que tiene la finalidad de frenar la protesta de las y los integrantes del Poder Judicial. 

En el marco del Día del Abogado, integrantes del Poder Judicial de la Federación, en representación de jueces y magistrados, actuarios, secretarios y oficiales, expusieron los argumentos que soportan su rechazo a la iniciativa de reforma constitucional, entre ellos, el que con la reforma perderán la posibilidad de continuar con su carrera judicial, que han logrado a través de la evaluación, capacitación y cursos de competencias.

En el evento, estuvieron presentes rectores de universidades y también presidentes del Colegio de Abogados Litigantes y de la Barra de Abogados del Estado de Querétaro.

En su mensaje, la jueza de distrito, Gricelda Sáenz, lamentó que durante 6 años se ha calumniado, amenazado e intimidado al personal del Poder Judicial de la Federación, mediante un continuo discurso de agresión verbal y odio, además de ser perseguido, exhibido y presionado ante la posibilidad de perder su trabajo, su vida profesional, proyectos de vida y ver afectadas las familias de más de 54 mil trabajadores de esta institución.

Por ello, resaltó que los más de mil 700 juzgadores que pertenecen al Poder Judicial Federal sean corruptos, es falso que representen elites, porque la gran mayoría pertenecen a hogares sencillos y la gran mayoría son egresados a universidades públicas; además, afirmó que es falso que liberen delincuentes, pues se dejan en libertad personas cuya probabilidad no se ha comprobado.

“Es falso que una elección popular de jueces y juzgadores sea la solución para corregir lo que se tenga que corregir; en realidad, la pretensión es destruir la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto”, afirmó

Además, la jueza refirió que el personal del Poder Judicial no es político y por eso rechazan cualquier invitación a compartir el poder político.

Asimismo, destacó que no usan las urnas para elegir, sino la ley y la razón para impartir justicia y proteger los derechos humanos. 

“No defendemos ideologías propias ni ajenas; obedecemos leyes, valores y principios del sistema jurídico del sistema jurídico mexicano; lo hicimos y lo seguimos haciendo ante los ataques sin sustento y ante las adversidades presentes”, enfatizó.

También, la directora refirió que el Poder Judicial no rinde pleitesía ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, sino que es su contrapeso, porque así lo establece la Constitución; su labor, dijo, es controlar el poder arbitrario que se ejerce fuera de la ley.

Además, la jueza refirió que el Poder Judicial, al no ceder a las exigencias de los otros dos poderes, ha recibido como respuesta el intento de destitución masiva de jueces y magistrados, a través de la mayoría que tiene el partido mayoritario en el Poder Legislativo.

La reforma que propone el Poder Ejecutivo Federal y sus legisladores generará jueces sometidos a los intereses de la política, lo cual destruye la división de poderes y desmantela el brazo más vigoroso del estado constitucional, cuyo objetivo prohíbe concentrar el poder.

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